Se van a cumplir dos años de la
desaparición de las cuotas
lácteas. Una decisión comunitaria que, pese a ser largamente
anunciada, ha dejado en evidencia la fragilidad de un sector poco estructurado
y con escasa capacidad para hacer frente a los vaivenes de un mercado cada vez
más globalizado.
La liberalización en Galicia de
la producción ha agilizado el cierre de aquellas granjas menos
dimensionadas y sigue, a día de hoy, condicionando fuertemente la
actividad del resto. Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, en
los dos últimos años han sido más de 1.100
las explotaciones lecheras gallegas que se han visto obligadas a cerrar,
incapaces de lograr la suficiente rentabilidad como para asegurar su relevo
generacional. Es cierto que muchas de ellas han optado por fusionarse,
intentando formar sociedades más eficientes y competitivas. Retos difíciles de
conseguir en un momento en el que el precio de la materia prima en origen
resulta insuficiente incluso para cubrir los costes de producción de las
granjas, coyuntura que les ha hecho perder más de 115 millones de euros en este
tiempo.
A este dinero habría que sumar otros
400 millones que, según los cálculos de alguna organización profesional
agraria, es la cantidad que los ganaderos invirtieron en la compra o alquiler
de cuotas durante las tres décadas que estuvo vigente este sistema de
regulación.
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